El orden político de Brasil está en manos de diputados que son investigados por iguales o más cargos de los que acusan a Dilma Rousseff. Los mismos que votaron por abrir un proceso de juicio político contra la presidente.
¿Quiénes promueven el impeachment?
36 de los 38 diputados de la comisión especial de la cámara de diputados que votó a favor de la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff son procesados por delitos de corrupción.El periodista brasileño, Beto Almeida, explicó en entrevista especial para el sitio web de teleSUR, que 98 por ciento de la comisión especial es procesada, razón por la que considera incongruente que sean esta instancia la que defina no solo el destino de la jefa de Estado, sino del país entero.
Ante este panorama, argumentó que el proceso es una farsa política porque la única que no posee ninguna acusación por corrupción y que no está vinculada al caso Lava Jato, es la presidenta.
También, el periodista y director de Opera Mundi, Breno Altman, en entrevista para teleSUR indicó que de los 38 diputados que votaron a favor de someter a consulta del plenario de la Cámara de diputados la continuidad de la demanda de un impeachment contra Rousseff, unos 28 son señalados de evadir la justicia.
"De hecho uno de los líderes del proceso de impeachment es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien es acusado por el desvío de millones de dólares a cuentas fuera del país", precisó, para recordar que el proceso responde a intereses de algunos actores pro golpistas.
El abogado general del Estado brasileño y defensor de la jefa de Estado, José Eduardo Cardozo, dijo que Cunha ha impulsado el proceso actuando por un deseo de "venganza", porque el Gobierno no le ayudó a evitar un proceso por presunta corrupción en la comisión de Ética de la Cámara.
Para que el proceso siguiera su curso, la Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político con más de 342 votos, y el siguiente paso es que la demanda vaya al senado y, de aprobarse en esta instancia, la mandataria sería separada de su cargo por un máximo de seis meses a la espera de un veredicto, que estará igualmente en manos de la Cámara Alta ... [seguir leyendo +]
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