Como ya advertimos hace meses, pese a la Proposición No de Ley aprobada en la Asamblea de Madrid, las citas médicas para derivaciones seguirán en manos privadas, lo que da alguna información sobre el valor que tienen para los políticos las propias decisiones parlamentarias cuando lo que está en juego son los intereses económicos del “cartel sanitario”.
Esta privatización es fundamental dentro del plan del PP, para establecer en Madrid un “mercado sanitario”, que permita por una parte derivar a los pacientes y procesos rentables hacia los centros privados, manteniendo en los centros de gestión directa los paciente costosos; y por otra ocultar la situación real de las demoras de atención sanitaria.
Las citas médicas, gestionadas hasta 2010 por los propios trabajadores del SERMAS sin problemas, y que permitía cierta transparencia, fueron privatizadas en 2010, siendo cedidas a Indra SA, que durante estos 6 años se ha embolsado la suma de 41 millones de €, es decir, casi 7 millones de € al año.
Hoy la prensa anuncia lo que era un secreto a voces: desde que finalizó el contrato en abril, se estaba prorrogando mensualmente la concesión a la empresa Indra, tiempo durante el cual la Comunidad de Madrid ha estado preparando una nueva licitación para mantener el servicio en manos privadas.
La noticia en prensa:
La presidenta regional Cristina Cifuentes recibió el pasado enero un mandato de la Asamblea que le instaba a integrar en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) el call center que concentra las citaciones hospitalarias. Sin embargo, Cifuentes ha desoído la resolución aprobada con los votos de la oposición y va a sacar un nuevo concurso público entre empresas privadas. El contrato con Indra terminó en abril y se le esta renovando por meses. Un portavoz de Sanidad asegura que el Sermas controlará más la calidad del servicio, del que depende lo que gana la compañía.
La oposición afirma en su enmienda transaccional —que no contó con el voto a favor del PP, que gobierna— que la gestión de las citas es “parte de las funciones nucleares y debe de estar bajo el control directo del Sermas”. Era enero y por entonces un portavoz de la Consejería de Sanidad aseguró a EL PAÍS que estaban aún trabajando en los pliegos del concurso del call center de citas médicas. Casi medio año después siguen en ello, porque Cifuentes descarta dejar el servicio telefónico en manos públicas.
La empresa ha ejercido el control de calidad del que depende el abono de la factura
Desde Sanidad se insiste en que no se ha “privatizado” la centralita, porque antes de existir esta, no existía un call center. Cada ambulatorio, con personal público, se encargaban de la labor. En 2010 se creó este servicio telefónico privado y desde entonces la empresa, Indra, no solo ha prestado el servicio, sino que ella misma ha ejercido el control de calidad del que depende el abono de la factura: 6,8 millones al año.
La licitación en el concurso fue en 2010 por 40 millones de euros, pero finalmente la cuantía se rebajó hasta 26,7 millones por cuatro años. Indra contrató a 300 personas y comenzó a dar citas de atención primaria (médico, pediatra, enfermera) y especializada. En 2014 se le prolongó el contrato dos años más.
Casi todos los meses la empresa ha evaluado como óptima su propia gestión, 100% satisfactoria, aunque alguna vez le ha puesto peros y ha bajado la calificación al 95%, según los partes a los que tuvo acceso este diario.
No es la primera vez que Cifuentes desoye a la Asamblea en un tema sanitario.
El partido socialista denunció en la Asamblea que Indra fuese juez y parte. Y Sanidad se compromete ahora a controlar más lo que ocurre en la centralita. Por eso en el Centro de Atención Personalizada (CAP), que la gestiona, habrá más presencia física de funcionarios del Sermas.
Además, la consejería asegura que será el propio Sermas el que se encargue de la auditoría de la calidad del servicio de la empresa —la puntuación incide en lo que se paga a esta— o la dejará en unas terceras manos.
No es la primera vez que Cifuentes desoye a la Asamblea en un tema sanitario. Aunque se comprometió a despolitizar la sanidad pública, ha nombrado en los últimos meses a dedo a seis gerentes de hospitales (La Princesa, Virgen de la Poveda, Niño Jesús, Fuenfría, Guadarrama y Getafe). Y lo ha hecho medio año después de que la Asamblea aprobara una moción que insta al Gobierno a profesionalizar la gestión hospitalaria por unanimidad. Con su propio voto.
Leer más: La centralita de las citas médicas seguirá externalizada
Esta privatización es fundamental dentro del plan del PP, para establecer en Madrid un “mercado sanitario”, que permita por una parte derivar a los pacientes y procesos rentables hacia los centros privados, manteniendo en los centros de gestión directa los paciente costosos; y por otra ocultar la situación real de las demoras de atención sanitaria.
Las citas médicas, gestionadas hasta 2010 por los propios trabajadores del SERMAS sin problemas, y que permitía cierta transparencia, fueron privatizadas en 2010, siendo cedidas a Indra SA, que durante estos 6 años se ha embolsado la suma de 41 millones de €, es decir, casi 7 millones de € al año.
Hoy la prensa anuncia lo que era un secreto a voces: desde que finalizó el contrato en abril, se estaba prorrogando mensualmente la concesión a la empresa Indra, tiempo durante el cual la Comunidad de Madrid ha estado preparando una nueva licitación para mantener el servicio en manos privadas.
La noticia en prensa:
La presidenta regional Cristina Cifuentes recibió el pasado enero un mandato de la Asamblea que le instaba a integrar en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) el call center que concentra las citaciones hospitalarias. Sin embargo, Cifuentes ha desoído la resolución aprobada con los votos de la oposición y va a sacar un nuevo concurso público entre empresas privadas. El contrato con Indra terminó en abril y se le esta renovando por meses. Un portavoz de Sanidad asegura que el Sermas controlará más la calidad del servicio, del que depende lo que gana la compañía.
La oposición afirma en su enmienda transaccional —que no contó con el voto a favor del PP, que gobierna— que la gestión de las citas es “parte de las funciones nucleares y debe de estar bajo el control directo del Sermas”. Era enero y por entonces un portavoz de la Consejería de Sanidad aseguró a EL PAÍS que estaban aún trabajando en los pliegos del concurso del call center de citas médicas. Casi medio año después siguen en ello, porque Cifuentes descarta dejar el servicio telefónico en manos públicas.
La empresa ha ejercido el control de calidad del que depende el abono de la factura
Desde Sanidad se insiste en que no se ha “privatizado” la centralita, porque antes de existir esta, no existía un call center. Cada ambulatorio, con personal público, se encargaban de la labor. En 2010 se creó este servicio telefónico privado y desde entonces la empresa, Indra, no solo ha prestado el servicio, sino que ella misma ha ejercido el control de calidad del que depende el abono de la factura: 6,8 millones al año.
La licitación en el concurso fue en 2010 por 40 millones de euros, pero finalmente la cuantía se rebajó hasta 26,7 millones por cuatro años. Indra contrató a 300 personas y comenzó a dar citas de atención primaria (médico, pediatra, enfermera) y especializada. En 2014 se le prolongó el contrato dos años más.
Casi todos los meses la empresa ha evaluado como óptima su propia gestión, 100% satisfactoria, aunque alguna vez le ha puesto peros y ha bajado la calificación al 95%, según los partes a los que tuvo acceso este diario.
No es la primera vez que Cifuentes desoye a la Asamblea en un tema sanitario.
El partido socialista denunció en la Asamblea que Indra fuese juez y parte. Y Sanidad se compromete ahora a controlar más lo que ocurre en la centralita. Por eso en el Centro de Atención Personalizada (CAP), que la gestiona, habrá más presencia física de funcionarios del Sermas.
Además, la consejería asegura que será el propio Sermas el que se encargue de la auditoría de la calidad del servicio de la empresa —la puntuación incide en lo que se paga a esta— o la dejará en unas terceras manos.
No es la primera vez que Cifuentes desoye a la Asamblea en un tema sanitario. Aunque se comprometió a despolitizar la sanidad pública, ha nombrado en los últimos meses a dedo a seis gerentes de hospitales (La Princesa, Virgen de la Poveda, Niño Jesús, Fuenfría, Guadarrama y Getafe). Y lo ha hecho medio año después de que la Asamblea aprobara una moción que insta al Gobierno a profesionalizar la gestión hospitalaria por unanimidad. Con su propio voto.
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