Corría el año 2000, Fraga era presidente de la Xunta de Galicia y Álvarez Cascos era Ministro de Fomento, cuando se amplió la concesión de Audasa ¡hasta el año 2048!
Francisco Prego. 05 de agosto de 2016
Corría el año 2000, Fraga era presidente de la Xunta de Galicia y Álvarez Cascos era Ministro de Fomento, cuando se amplió la concesión de Audasa ¡hasta el año 2048! Mientrs tres autopistas coetáneas de la AP-9 (AP-1, AP-4 y AP-7) finalizan su concesión en 2019.
Después, en el año 2003, con Feijoo de Conselleiro de Ordenación del Territorio, el gobierno de Aznar privatizó la Empresa Nacional de Autopistas y el actual presidente de la Xunta no dijo nada. Calló cuando se estaba perjudicando claramente los intereses de los gallegos sin contrapartida alguna. La empresa pasó por distintas manos: cajas, constructoras, bancos americanos… La explotación de la autopista ha dado beneficios astronómicos a los inversores y la operación de privatización fue un regalo, ¿a cambio de qué?, ¿habrá por ahí más “herencias” en paraísos fiscales? Al que no le guste el caldo, dos tazas: la Xunta subvenciona el peaje de Rande a la empresa obsequiada con la concesión. Hoy la AP-9 es una de las autopistas más rentables de España y le proporciona a Itínere, empresa matriz de Audasa, la mayor parte de sus beneficios: 44,6 millones de euros en 2015, mientras despidió a 30 trabajadores desde 2011.
La autopista es un elemento fundamental para el desarrollo de Galicia y el gobierno central y la Xunta deberían analizar la opción de que vuelva al dominio público para que esta vía de alta capacidad fuera gratuita. Una medida de este calado está justificada por el momento económico actual y porque está sobradamente amortizada. En la época de la bonanza económica se tomaron decisiones equivocadas, gravosas y sospechosas. En aquel momento Feijoo tenía responsabilidad en los excesos de las transferencias al sector privado a costa de los gallegos y gallegas. Hoy los ciudadanos sufrimos unos peajes abusivos y un mal servicio. No hay más que transitarla para percatarse del escaso mantenimiento, la falta de inversiones de mejora o colas interminables de espera en los peajes en momentos punta de tráfico. Revertir la AP-9 las manos públicas, de donde no debió salir, la convertiría nuevamente en un elemento de vital importancia en el desarrollo económico de Galicia. Los agentes sociales, empresarios, sindicatos, los movimientos ciudadanos y partidos políticos deberían hacer de esta reivindicación una bandera e izarla con fuerza para defender los intereses de Galicia. A todos nos iría mejor.
Francisco Prego. 05 de agosto de 2016
Corría el año 2000, Fraga era presidente de la Xunta de Galicia y Álvarez Cascos era Ministro de Fomento, cuando se amplió la concesión de Audasa ¡hasta el año 2048! Mientrs tres autopistas coetáneas de la AP-9 (AP-1, AP-4 y AP-7) finalizan su concesión en 2019.
Después, en el año 2003, con Feijoo de Conselleiro de Ordenación del Territorio, el gobierno de Aznar privatizó la Empresa Nacional de Autopistas y el actual presidente de la Xunta no dijo nada. Calló cuando se estaba perjudicando claramente los intereses de los gallegos sin contrapartida alguna. La empresa pasó por distintas manos: cajas, constructoras, bancos americanos… La explotación de la autopista ha dado beneficios astronómicos a los inversores y la operación de privatización fue un regalo, ¿a cambio de qué?, ¿habrá por ahí más “herencias” en paraísos fiscales? Al que no le guste el caldo, dos tazas: la Xunta subvenciona el peaje de Rande a la empresa obsequiada con la concesión. Hoy la AP-9 es una de las autopistas más rentables de España y le proporciona a Itínere, empresa matriz de Audasa, la mayor parte de sus beneficios: 44,6 millones de euros en 2015, mientras despidió a 30 trabajadores desde 2011.
La autopista es un elemento fundamental para el desarrollo de Galicia y el gobierno central y la Xunta deberían analizar la opción de que vuelva al dominio público para que esta vía de alta capacidad fuera gratuita. Una medida de este calado está justificada por el momento económico actual y porque está sobradamente amortizada. En la época de la bonanza económica se tomaron decisiones equivocadas, gravosas y sospechosas. En aquel momento Feijoo tenía responsabilidad en los excesos de las transferencias al sector privado a costa de los gallegos y gallegas. Hoy los ciudadanos sufrimos unos peajes abusivos y un mal servicio. No hay más que transitarla para percatarse del escaso mantenimiento, la falta de inversiones de mejora o colas interminables de espera en los peajes en momentos punta de tráfico. Revertir la AP-9 las manos públicas, de donde no debió salir, la convertiría nuevamente en un elemento de vital importancia en el desarrollo económico de Galicia. Los agentes sociales, empresarios, sindicatos, los movimientos ciudadanos y partidos políticos deberían hacer de esta reivindicación una bandera e izarla con fuerza para defender los intereses de Galicia. A todos nos iría mejor.
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