REDACCIÓN FERROL |
Actualizado 04 Noviembre 2015 - 00:30 h.
Estos días se celebran actos en torno a la “Semana Galega de Loita contra as fronteiras” y con este motivo el Foro Galego de Inmigración presentará en el Concello de Ferrol una moción que se plantea bajo el lema “Ferrol libre de deportacións”. La propuesta será defendida por algún portavoz del foro y elevada a pleno por el gobierno local.
Precisamente ayer la responsable de las políticas de migración del Concello, María Teresa Riveira, presentaba, junto con representantes de la coordinadora de Ferrolterra, la moción con la que se busca el compromiso del Concello y de los vecinos para evitar que la mera situación de irregularidad administrativa lleve a persecuciones policiales o al ingreso en CIEs –o en comisarías, como en el caso de Galicia donde no existen estos centros–, así como a deportaciones forzadas y a veces violentas a los países de origen de los extranjeros. En este sentido, desde el foro apuntan que en 2014 casi 600 personas sufrieron esta situación.
La concejala de FeC manifestó en la presentación de ayer el apoyo a la coordinadora ferrolana y se mostró en contra del tratamiento que se realiza conforme a la ley de inmigración.
La coordinadora del Foro de Inmigración Ferroltera, Susana Alaniz, explicó que la situación de detención de irregulares es continua y, en este sentido, ayer mismo la plataforma se personó en la Comisaría de Policía para informarse sobre la situación de un hombre venezolano detenido y en una situación administrativa irregular.
La moción que se debatirá en Ferrol y Narón y que se espera que pueda tratarse en otros Concellos plantea la necesidad de un compromiso de emprender medidas municipales en base a la legalidad y competencias para garantizar que ninguna persona sea identificada por cuestiones racionales y privada de libertad por estar en situación administrativa irregular; que en los convenios con empresas de transporte público se garantice el derecho a la movilidad; y que no se realicen identificaciones basadas en el perfil racial; que se inicie procesos de cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros; que cesen las deportaciones exprés y se inste al Ministerio del Interior a derogar el Protocolo de Deportación de la Policía Nacional de 2007; y que no se realicen deportaciones en vuelos con vulneración de los derechos del ciudadano.
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CIE nunca más, ni en ninguna parte
El cierre del CIE supone la oportunidad de hacerlo definitivo y
acabar con la punta de lanza de las políticas migratorias españolas
Debido a las obras ordenadas por el Juez de Control
del CIE de Barcelona, noviembre de 2015 se enfoca como el mes del cierre
durante 3 meses del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona
Franca. Cerca de 200 personas presas han sido trasladadas a otros seis
CIE que alberga el Estado español. Más allá de valorar las reformas
sobre las "deficiencias" estructurales del CIE, el cierre supone la
oportunidad de hacerlo definitivo y acabar con la punta de lanza de las
políticas migratorias españolas.
Los CIE son cárceles
administrativas para personas sin papeles esperando ser expulsadas.
Junto con las políticas fronterizas y los vuelos de deportación, son la
amenaza, la violencia y la coacción hecha ley para los más de dos
millones de extranjeros no comunitarios que viven en España, y hay que
decirlo bien claro: constituyen una de las mayores atrocidades del
S.XXI.
Durante 2014 han supuesto la privación de libertad de
hasta 7.300 personas, de las cuales sólo la mitad, 3.485, han sido
definitivamente expulsadas, es decir, la otra mitad han sido privadas de
derechos de forma absolutamente gratuita. Además, el Estado ha
repatriado mediante vuelos de deportación, hasta 12.000 personas durante
este año; y eso sin contar las famosas devoluciones en caliente o la
brutal represión en las fronteras del Estado. Todo ello plantea la duda
de si, en la propia lógica aberrante del Estado, son los CIE un
mecanismo imprescindible.
La reciente resolución del
Parlament de Catalunya, instando al Gobierno a cerrar definitivamente el
CIE de Barcelona, así como las mociones municipales que se están
produciendo en todo el Estado, se suman al clamor social para el fin
definitivo de una política vergonzosa que sólo pretende someter una
parte de la población para conseguir mano de obra explotada y
atemorizada. Pero hay que presionar durante estos meses, dejando claro
que no es asumible ninguna complicidad con un desastre de tal magnitud.
Sobran debates de cuotas de refugiadas/migrantes; las que pisan el CIE
de Barcelona saben que lleva años dando la bienvenida a refugiadas
sirias, malienses, ecuatoguineanas y un largo etcétera en forma de
celdas y esposas.
Y es que, no nos cansaremos de
denunciar las políticas racistas del Estado español; y cuando nos tachen
de demagogos para decir que los CIE son una vergüenza para la
humanidad, los invitaremos a buscar paralelismos con los tanto malditos
campos de concentración. Del mismo modo que no nos cansaremos de
denunciar las redadas racistas, que terminan en expulsiones forzadas y
se producen cotidianamente en la Estación de Sants o al Aeropuerto del
Prat, y cuando nos tachen de demagogos les invitaremos a buscar la
definición de "limpieza étnica".
Cuando hablamos de
esclavitud, por las condiciones en que somete la irregularidad
establecida por la Ley extranjería a nuestras vecinas, y nos tachen de
demagogos, señalaremos la definición y las advertencias sobre trabajos
forzados, tráfico de humanos y esclavitud de la Organización
Internacional del Trabajo.
Incluso cuando nos tachen
de demagogos por denunciar los vuelos de deportación, cuestionando el
relato de las víctimas, los invitaremos a revisar la definición de la
ONU sobre "tortura y malos tratos", aunque contrastándola con las
camisas de fuerza, las sedaciones o las mordazas autorizadas por el Protocolo de repatriaciones de la Policía Nacional; en tanto que "en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado".
Sobran razones. El cierre del CIE de Barcelona supone una oportunidad
para introducir de nuevo la premisa indiscutible del coste humano que
supone mantener políticas migratorias basadas en la muerte, el miedo y
la explotación de personas. El cierre del CIE supone una oportunidad
única para recordar el Idrissa, el Alik y Mohammed, muertes en el CIE de
Barcelona, o el Osamuyia, muerte en un vuelo de deportación, y exigir
que no se vuelvan a repetir vulneraciones de derechos como éstas nunca
más, ni aquí ni en ninguna parte.
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Inmigrantes se manifiestan para pedir a Obama que cierre los centros de detención
Inmigrantes se manifiestan para pedir a Obama que cierre los centros de detención
Decenas de inmigrantes se manifestaron hoy en la
capital de EEUU para pedir al presidente Barack Obama que frene las
deportaciones y eche el cerrojo a los centros de detención para
indocumentados, cuyas condiciones de vida para los menores cuestionó
este verano una magistrada de California.
La protesta
se produce justo un día antes de que acabe el plazo que la jueza de
California Dolly Gee dio al Gobierno de EEUU para liberar o mejorar las
condiciones en las que viven los menores en los centros de detención de
Karnes City y Dilley, ambos en el estado de Texas y que, a pleno
rendimiento, pueden albergar a 2.932 personas.
"Estar allí fue una pesadilla", aseguró a Efe María
López, una hondureña de 37 años que, junto a su hijo de 9 años, estuvo
recluida en el centro de detención de Karnes City, donde protagonizó
junto a otro grupo de madres dos huelgas de hambre durante varios días
de marzo y abril en protesta por su privación de libertad.
"El agua, la comida eran muy feos. Los niños no querían comer", aseguró la hondureña, que ahora vive en Baltimore (Maryland).
Con pancartas, como "ni una deportación más" y "acaben con la detención
de familias", alrededor de cincuenta manifestantes marcharon por las
calles de Washington, desde el Departamento de Justicia hasta las
cercanías de la Casa Blanca para pedir a Obama que libere a los
inmigrantes recluidos.
Esta batalla legal entre Obama
y una jueza de California por los centros de detención de inmigrantes
llega tras meses de polémica con madres en huelga de hambre y cientos de
congresistas pidiendo el cierre de esos centros, a los que compararon
con "cárceles" por el "grave" daño que infringen a madres y niños.
En sus decisiones judiciales, de julio y agosto, la jueza de la Corte
del Distrito Central de California acusó al Gobierno de haber violado el
acuerdo extrajudicial "Flores" de 1997, por el que los pequeños deben
vivir en las condiciones "menos restrictivas" posibles.
El Gobierno de EEUU presentó el 6 de agosto un recurso en el que pedía a
la jueza que reinterpretara el acuerdo "Flores" y el 18 de septiembre
presentó un aviso en el que avisaba a la jueza de que tenía pensado
apelar su último fallo con un nuevo recurso, cuyo plazo de presentación
vence el 29 de febrero de 2016.
A pesar de esta nueva
apelación, el Gobierno sigue estando obligado a contestar a la orden de
la jueza para que se mejoren las condiciones en las que viven los niños
en los centros de detención, según explicó a Efe el vicepresidente de
políticas de inmigración de la organización Center for American
Progress, Tom Jawetz.
Jawetz, que trabajó durante
años como asesor legal en el Congreso, resaltó que la orden de la jueza
no implica el cierre de los centros de detención.
El
presidente de EEU, Barack Obama, clausuró los centros en 2009, poco
después de su llegada al poder, pero decidió reabrirlos tras el gran
número de familias que el verano pasado cruzaron de forma ilegal la
frontera, la mayoría huyendo de la violencia de sus países de origen, El
Salvador, Guatemala y Honduras.
A pesar de las
críticas, el Gobierno de EEUU ha mantenido su intención de continuar con
los centros, aunque en línea con la reforma anunciada en junio pasado
por el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para reducir el
tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en estas
instalaciones.
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