El Tribunal Constitucional acaba de apoyar la decisión del Gobierno Vasco de mantener la tarjeta sanitaria a esa población inmigrante que, según el gobierno central y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, está formada por "personas ilegales". Tal decisión, que puede y debe crear jurisprudencia, nos recuerda - algunos no lo habíamos olvidado…- que la dignidad humana ha de prevalecer sobre el negocio bancario y la acumulación insaciable de riqueza por parte de los que tienen más y más quieren, aun a costa de llevar a los pueblos a la miseria,haciendo borrón y cuenta nueva de la larga marcha de los pueblos a su Libertad, con promesas de que si se dejan arrasar sin oponer resistencia, todo volverá a "ser como antes", lo cual, no nos engañemos, se refiere a etapas pre-democráticas, cuando cualquier derecho estaba por conquistar.
Esta ventana que se ha abierto en el País Vasco puede y debe ser una palanca, un acicate y una esperanza de próxima victoria de la Justicia y la Razón para esa población inmigrante, hoy víctima de una conspiración de genocidio.
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