En el reciente debate celebrado en la Universidad Nebrija de Madrid sobre un Pacto de Estado por la Educación, auspiciado por la Sociedad Civil por el Debate, hice referencia en mi intervención al documento recientemente enviado por el Gobierno de España a Bruselas denominado “ Actualización del Programa de estabilidad 2016-2019”, para señalar que el Gobierno de Rajoy plantea reducir aún más el gasto educativo hasta llegar al 3,76% del PIB en 2019, desde el ya raquítico 3,89% del PIB previsto para este año 2016, en un contexto de reducción del peso del sector público sobre el PIB de 3,2 puntos porcentuales entre 2016 y 2019.
Volviendo a la Educación, constatamos un hecho irrefutable: recortar el gasto educativo es lo peor que se puede hacer como país. Significa arruinar el futuro de nuestros jóvenes y seguir profundizando las desigualdades crecientes de nuestra sociedad, impidiendo tener un modelo productivo competitivo y sostenible, que garantice al mismo tiempo la cohesión social.
Las consecuencias de los recortes brutales de la anterior legislatura, y los que nuevamente se anuncian para los próximos años, ya las conocemos bien: pérdida de calidad y de equidad, los dos elementos indispensables para tener un buen sistema educativo. No solo se trata de recortes económicos en dotaciones sino también de pérdida de derechos y de igualdad de oportunidades como consecuencia de la forzada implantación de la LOMCE y del desarrollo de Reales Decretos que han incidido gravemente en la minoración de las Becas y Ayudas al estudio, subida de tasas y precios públicos, recortes en profesorado, retroceso en investigación etc. Si el PP sigue gobernando el panorama puede ser peor, ya que los recursos educativos y sociales seguirán disminuyendo, según sus compromisos con Europa. Algo que se podía haber evitado si se hubiese apoyado un Gobierno de cambio en esta efímera legislatura.
Por eso, uno de los grandes temas de estas elecciones es el definir con rigor y credibilidad la posición de cada formación política respecto a la educación universitaria y no universitaria, con el correspondiente compromiso de financiación, y la voluntad de alcanzar un amplio consenso, sin excluir a nadie, pero también definiendo con claridad el diagnóstico y los objetivos para avanzar y mejorar nuestra Educación.
En el debate al que aludo en el inicio de este artículo, se formuló una propuesta de hoja de ruta planteando la necesidad de paralizar la LOMCE y sus reválidas ,mientras se dialogaba sobre el deseado acuerdo para elaborar una nueva Ley Básica, y posteriormente derogar la LOMCE, dado el alto nivel de rechazo político y social que suscitaba. Se compartió que había que financiar la Educación con al menos un 5% del PIB, y también se expusieron criterios sobre los contenidos de dicho Pacto Educativo, que fuimos exponiendo los distintos ponentes.
Allí se recordó que durante el actual período democrático, el primer gran Pacto ha sido el constitucional de 1978, y la introducción de sus preceptos en el ámbito escolar, con la LODE como gran referencia. En 2009-2010 se produce el intento más serio de desarrollar el “Pacto Social y Político por la Educación en España”, con Ángel Gabilondo en el Ministerio de Educación, que tuvo un amplio respaldo de la Comunidad Educativa, y que fracasó a última hora por intereses electorales del PP. Recordemos también que en el año 2010 España alcanzó un gasto educativo cercano al 5% del PIB, próximo a la media de la UE. La llegada del Ministro Wert a Educación, en 2011, supuso un retroceso total, puesto que trató de revisar todo el proceso democrático, introduciendo con la LOMCE contenidos ideológicos y regresivos, que encontraron el rechazo político y social a sus contrarreformas.
Ya indiqué en anteriores artículos algunos de los contenidos que deberían incluirse en dicho Pacto, restituyendo previamente los daños producidos en esta última legislatura. En modo alguno podemos admitir una disminución de la inversión pública en educación, porque ello nos llevaría a una privatización acelerada de todo el sistema, que tendría que cubrir sus carencias con pagos y copagos generalizados que solo provocarían más desigualdad y pérdida de calidad en todos los niveles educativos.Ahora estamos a tiempo de evitar que las próximas generaciones sean herederas de nuestra crisis.
Vicente Alvarez Areces.Senador del PSOE por Asturias.Gijón 20-5- 2016
De ese gran ajuste, lo más significativo es que la mayor parte será en elementos sustantivos del Estado del Bienestar en España: 1,1% del PIB será en Protección Social; 0,4% del PIB en Sanidad y 0,3% del PIB en Educación , lo que dejaría a nuestro país a la cola de la UE en gasto educativo, por debajo de Eslovenia, Rumanía o Hungría, y muy por debajo del promedio del gasto educativo de la UE-28, situado en un 5,5% del PIB. Otro hecho escandaloso, que puede pasar desapercibido entre la maraña de cuadros y cifras, es que prevé para 2030 que el gasto en pensiones represente el 11,2% del PIB, que es un gasto inferior al actual, con la particularidad de que en ese año las previsiones de personas en edad de jubilación serán 2,9 millones de personas más que las actuales. Es decir, menor gasto para más pensionistas, y un resultado claro: una bajada de las pensiones que puede llegar a ser de un 40% sobre la pensión media de hoy. Un dato importante que conviene tener en cuenta en este proceso electoral, para que todos los ciudadanos sepan lo que hay detrás de los eslóganes y los mensajes triunfalistas.
Volviendo a la Educación, constatamos un hecho irrefutable: recortar el gasto educativo es lo peor que se puede hacer como país. Significa arruinar el futuro de nuestros jóvenes y seguir profundizando las desigualdades crecientes de nuestra sociedad, impidiendo tener un modelo productivo competitivo y sostenible, que garantice al mismo tiempo la cohesión social.
Las consecuencias de los recortes brutales de la anterior legislatura, y los que nuevamente se anuncian para los próximos años, ya las conocemos bien: pérdida de calidad y de equidad, los dos elementos indispensables para tener un buen sistema educativo. No solo se trata de recortes económicos en dotaciones sino también de pérdida de derechos y de igualdad de oportunidades como consecuencia de la forzada implantación de la LOMCE y del desarrollo de Reales Decretos que han incidido gravemente en la minoración de las Becas y Ayudas al estudio, subida de tasas y precios públicos, recortes en profesorado, retroceso en investigación etc. Si el PP sigue gobernando el panorama puede ser peor, ya que los recursos educativos y sociales seguirán disminuyendo, según sus compromisos con Europa. Algo que se podía haber evitado si se hubiese apoyado un Gobierno de cambio en esta efímera legislatura.
Por eso, uno de los grandes temas de estas elecciones es el definir con rigor y credibilidad la posición de cada formación política respecto a la educación universitaria y no universitaria, con el correspondiente compromiso de financiación, y la voluntad de alcanzar un amplio consenso, sin excluir a nadie, pero también definiendo con claridad el diagnóstico y los objetivos para avanzar y mejorar nuestra Educación.
En el debate al que aludo en el inicio de este artículo, se formuló una propuesta de hoja de ruta planteando la necesidad de paralizar la LOMCE y sus reválidas ,mientras se dialogaba sobre el deseado acuerdo para elaborar una nueva Ley Básica, y posteriormente derogar la LOMCE, dado el alto nivel de rechazo político y social que suscitaba. Se compartió que había que financiar la Educación con al menos un 5% del PIB, y también se expusieron criterios sobre los contenidos de dicho Pacto Educativo, que fuimos exponiendo los distintos ponentes.
Allí se recordó que durante el actual período democrático, el primer gran Pacto ha sido el constitucional de 1978, y la introducción de sus preceptos en el ámbito escolar, con la LODE como gran referencia. En 2009-2010 se produce el intento más serio de desarrollar el “Pacto Social y Político por la Educación en España”, con Ángel Gabilondo en el Ministerio de Educación, que tuvo un amplio respaldo de la Comunidad Educativa, y que fracasó a última hora por intereses electorales del PP. Recordemos también que en el año 2010 España alcanzó un gasto educativo cercano al 5% del PIB, próximo a la media de la UE. La llegada del Ministro Wert a Educación, en 2011, supuso un retroceso total, puesto que trató de revisar todo el proceso democrático, introduciendo con la LOMCE contenidos ideológicos y regresivos, que encontraron el rechazo político y social a sus contrarreformas.
Ya indiqué en anteriores artículos algunos de los contenidos que deberían incluirse en dicho Pacto, restituyendo previamente los daños producidos en esta última legislatura. En modo alguno podemos admitir una disminución de la inversión pública en educación, porque ello nos llevaría a una privatización acelerada de todo el sistema, que tendría que cubrir sus carencias con pagos y copagos generalizados que solo provocarían más desigualdad y pérdida de calidad en todos los niveles educativos.Ahora estamos a tiempo de evitar que las próximas generaciones sean herederas de nuestra crisis.
Vicente Alvarez Areces.Senador del PSOE por Asturias.Gijón 20-5- 2016
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