La Generalitat Valenciana ha descubierto un nuevo pufo, en este caso en el Hospital Consorcio Provincial de Castellón, donde habrían localizado una presunta trama de facturaciones irregulares de más de 25 millones de euros en 4.713 facturas “sin soporte legal” entre los años 2006 y 2015. Así lo va ha denunciado la Conselleria de Sanidad ante la Fiscalía Anticorrupción, según ha confirmado la consellera Carmen Montón en rueda de prensa.
Dichas facturas reflejarían prácticas irregulares en los servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras, como la aplicación de sobrecostes, facturas sin expediente de contratación o trabajos sin realizar. Montón ha augurado que “podrían ser más” las facturas irregulares, pero se han detenido en 2006 para presentar la documentación ante la Justicia “en tiempo récord”.
Para la consellera, “suponen una clara transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda públicas” y “podían ser constitutivas de varios delitos”, ya que unos 12 millones de euros corresponderían a facturas que supuestamente superan los importes fijados en los expedientes de contratación y el resto no tendrían cobertura contractual. Ahora será la Fiscalía la que determine los delitos, si los hay.
Una empresa de Gürtel
Las facturas están vinculadas con dos empresas con relaciones familiares: Piaf, que sería la principal beneficiada de la presunta trama de corrupción y que es una de las acusadas de financiar ilegalmente al Partido Popular dentro del caso Gürtel (uno de sus propietarios, Alejandro Pons, reconoció recientemente los hechos); y Telecso, cuyo gerente es hijo del de Piaf.
Actualmente la Conselleria de Sanidad mantiene dos contratos con dichas empresas, que Montón ha avanzado que no renovarán. Uno data de 2015 en concepto de obras y reformas, por una cuantía de 28.000 euros; y el otro, firmado en 2012, es de mantenimiento y concluye en dos meses.
“Sanidad de recortes y corrupción”
El consorcio del Hospital de Castellón está presidido por el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana y por el presidente de la Diputación de Castellón. Por tanto, la responsabilidad de esta presunta trama de corrupción recaería sobre los consellers de Sanidad entre 2006 y 2015 (Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera, Luis Rosado y Manuel Llombart), así como sobre los presidentes de la Diputación de Castellón, Javier Moliner y su predecesor Carlos Fabra.
“Esta es la sanidad que nos ha dejado el PP de recortes y corrupción”, ha lamentado la consellera Carmen Montón, y ha añadido: “La sanidad valenciana no es el negocio de nadie”. Así, ha instado al presidente provincial Javier Moliner (PP) a que también denuncie las irregularidades “si no tiene nada que ocultar”.
Más información: Sanidad denuncia un pufo de 25 millones de euros en el Hospital de Castellón
Dichas facturas reflejarían prácticas irregulares en los servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras, como la aplicación de sobrecostes, facturas sin expediente de contratación o trabajos sin realizar. Montón ha augurado que “podrían ser más” las facturas irregulares, pero se han detenido en 2006 para presentar la documentación ante la Justicia “en tiempo récord”.
Para la consellera, “suponen una clara transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda públicas” y “podían ser constitutivas de varios delitos”, ya que unos 12 millones de euros corresponderían a facturas que supuestamente superan los importes fijados en los expedientes de contratación y el resto no tendrían cobertura contractual. Ahora será la Fiscalía la que determine los delitos, si los hay.
Una empresa de Gürtel
Las facturas están vinculadas con dos empresas con relaciones familiares: Piaf, que sería la principal beneficiada de la presunta trama de corrupción y que es una de las acusadas de financiar ilegalmente al Partido Popular dentro del caso Gürtel (uno de sus propietarios, Alejandro Pons, reconoció recientemente los hechos); y Telecso, cuyo gerente es hijo del de Piaf.
Actualmente la Conselleria de Sanidad mantiene dos contratos con dichas empresas, que Montón ha avanzado que no renovarán. Uno data de 2015 en concepto de obras y reformas, por una cuantía de 28.000 euros; y el otro, firmado en 2012, es de mantenimiento y concluye en dos meses.
“Sanidad de recortes y corrupción”
El consorcio del Hospital de Castellón está presidido por el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana y por el presidente de la Diputación de Castellón. Por tanto, la responsabilidad de esta presunta trama de corrupción recaería sobre los consellers de Sanidad entre 2006 y 2015 (Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera, Luis Rosado y Manuel Llombart), así como sobre los presidentes de la Diputación de Castellón, Javier Moliner y su predecesor Carlos Fabra.
“Esta es la sanidad que nos ha dejado el PP de recortes y corrupción”, ha lamentado la consellera Carmen Montón, y ha añadido: “La sanidad valenciana no es el negocio de nadie”. Así, ha instado al presidente provincial Javier Moliner (PP) a que también denuncie las irregularidades “si no tiene nada que ocultar”.
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