"La llegada de Mauricio Macri a la presidencia produjo un giro en las relaciones con la DEA, que tiene presencia en el país desde 1989". Por Norberto Emmerich.
Por Norberto Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez 15 de julio
Todo ocurrió en el fatídico año 1973: al mismo tiempo que Estados Unidos sufría una humillación histórica en Vietnam, el presidente Richard Nixon declaró la guerra al narcotráfico, una guerra que nunca ganó pero que le traería excelentes dividendos de política exterior. En el terreno interno los estadounidenses debían olvidar la paliza de los comunistas y lanzar su odio contra el nuevo enemigo: los narcos (de otros países).
El 17 de junio Nixon pronunció la famosa frase de “guerra a las drogas” y dos semanas después creó la todopoderosa Drug Enforcement Agency, mejor conocida como DEA. Nada impidió que la caída se consumara el 8 de agosto de 1974, cuando se convirtió en el único presidente norteamericano renunciado, en medio del escándalo Watergate.
La agencia tiene 227 oficinas en el país y otras 86 oficinas fuera de Estados Unidos, distribuidas en 62 países. Maneja un presupuesto de 2.415 millones de dólares y cuenta con 10.800 empleados, de los cuales 5.500 son agentes especiales.
Su oficina central está frente al Pentágono, en Arlington, Virginia. Tiene su propia academia para entrenamiento del personal, situada en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Comparte jurisdicción con el FBI y lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en Estados Unidos siendo la única agencia que puede continuar las investigaciones antidroga en el exterior.
Todo lo que tenga que ver con narcotráfico o lavado de dinero en el mundo se guarda en el archivo central de la DEA en El Paso, Texas. Allí se levanta, en medio del desierto, el EPIC - El Paso Intelligence Center, donde converge toda la información proveniente de las 86 oficinas esparcidas por el mundo. La DEA recauda información, para así obtener control sobre el mercado de drogas en el mundo.
La llegada de Mauricio Macri a la presidencia produjo un giro en las relaciones con la DEA, que tiene presencia en el país desde 1989.
En 2011 hubo un incidente con un avión militar estadounidense, al que el entonces canciller Héctor Timerman ordenó requisar, dejando las relaciones con las agencias de inteligencia norteamericanas en un freezer perenne. Al asumir el gobierno macrista la DEA tenía solo dos agentes especiales en el país, más un agregado de la embajada y un analista informático, con algunos administrativos más. En su mejor momento la DEA había llegado a tener más de seis agentes especiales operando en todo el país. Con el correr de los meses, la DEA tiene hoy relaciones con varias provincias, entre ellas, Salta, La Pampa, Formosa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Jujuy y Buenos Aires.
En el Foro de Davos el gobierno argentino negoció el apoyo político de Estados Unidos. Allí el presidente Mauricio Macri se reunió con el vicepresidente Joe Biden. Por supuesto las autoridades americanas se ofrecieron a dar el apoyo solicitado pero con ciertas condiciones, la principal de las cuales fue la aceptación de la colaboración estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
Esto implicaba la instalación formal de una base de la DEA en el país, en concreto la reapertura de la base en Salta y el retorno a la cantidad original de 6 agentes permanentes en Buenos Aires, porque los encubiertos no son informados a los gobiernos.En la reunión Biden "ofreció la ayuda de su país para avanzar en la lucha contra el narcotráfico en la Argentina", según reveló el propio comunicado de la Casa Rosada. El gobierno de Barack Obama hizo su parte y levantó el veto que había impuesto en los organismos internacionales de crédito a la Argentina, según lo confirmó Jack Lew, secretario del Tesoro, quien afirmó que Estados Unidos dejará de "oponerse a dar préstamos a la Argentina proveniente de bancos de desarrollo multilaterales, a la luz de los progresos y la positiva trayectoria económica del nuevo gobierno".
Con servicios de inteligencia en efervescencia política y fuerzas de seguridad con un deterioro prolongado, el gobierno encontró el mejor terreno para legitimar la adopción de medidas de excepcionalidad que fortalezcan el área de seguridad mediante la alianza con una potencia extranjera.
Las cosas comenzaron a encadenarse rápidamente. En abril se realizó la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas, más conocida como UNGASS 2016. Allí asistieron la canciller Susana Malcorra, la ministra de Seguridad,Patricia Bullrich, algunos funcionarios del área y legisladores oficialistas y opositores. La posición del gobierno fue tan ambivalente como las posturas del conjunto de los gobiernos latinoamericanos, progresistas o no. Se enumeraron una serie de compromisos de derechos humanos, incluso con la incorporación de un enfoque de género, se reconoció el valor de las políticas de reducción del daño, pero solo se anunciaron buenas intenciones. Es un discurso que se contradice con la política interior de derribo de aviones y una mayor asociación con la DEA.
Algo similar sucede en el resto de los países, como el aumento de las medidas punitivas en Ecuador, lo que mereció un reconocimiento oficial de la DEA al ministro del Interior, José Serrano. O el enfoque militarista de la cuestión en Venezuela.
No llama la atención que el cambio de discurso sobre las drogas haya quedado en manos de Enrique Peña Nieto, presidente de un país que atraviesa una severa crisis de Derechos Humanos, después de haber reposado por largo tiempo en Otto Pérez Molina, ahora preso por corrupción en Guatemala. La creencia de que la política descansa en el discurso pagó su mejor precio en UNGASS 2016.
En el mismo mes de abril Michael Tooney, agente de la DEA, ya se paseaba oficialmente por el país. El viernes 22 de abril, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires dio cierre al Congreso de Narcocriminalidad. Allí el agente lanzó una convocatoria abierta a que fiscales, jueces y funcionarios lo convoquen a intervenir a él y la agencia, una tontería que encuentra cada vez mayor eco en el gobierno. Sin tapujos se preguntó en voz alta: ¿cómo puede ayudar la DEA? Dijo que la agencia cuenta con una base de datos internacional, con laboratorios de alta tecnología que permiten identificar la zona de producción de la droga, con presencia en 70 países y contactos fiables en todo el mundo. Más sincero no podría haber sido.
Por Norberto Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez 15 de julio
Todo ocurrió en el fatídico año 1973: al mismo tiempo que Estados Unidos sufría una humillación histórica en Vietnam, el presidente Richard Nixon declaró la guerra al narcotráfico, una guerra que nunca ganó pero que le traería excelentes dividendos de política exterior. En el terreno interno los estadounidenses debían olvidar la paliza de los comunistas y lanzar su odio contra el nuevo enemigo: los narcos (de otros países).
El 17 de junio Nixon pronunció la famosa frase de “guerra a las drogas” y dos semanas después creó la todopoderosa Drug Enforcement Agency, mejor conocida como DEA. Nada impidió que la caída se consumara el 8 de agosto de 1974, cuando se convirtió en el único presidente norteamericano renunciado, en medio del escándalo Watergate.
La agencia tiene 227 oficinas en el país y otras 86 oficinas fuera de Estados Unidos, distribuidas en 62 países. Maneja un presupuesto de 2.415 millones de dólares y cuenta con 10.800 empleados, de los cuales 5.500 son agentes especiales.
Su oficina central está frente al Pentágono, en Arlington, Virginia. Tiene su propia academia para entrenamiento del personal, situada en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Comparte jurisdicción con el FBI y lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en Estados Unidos siendo la única agencia que puede continuar las investigaciones antidroga en el exterior.
Todo lo que tenga que ver con narcotráfico o lavado de dinero en el mundo se guarda en el archivo central de la DEA en El Paso, Texas. Allí se levanta, en medio del desierto, el EPIC - El Paso Intelligence Center, donde converge toda la información proveniente de las 86 oficinas esparcidas por el mundo. La DEA recauda información, para así obtener control sobre el mercado de drogas en el mundo.
La llegada de Mauricio Macri a la presidencia produjo un giro en las relaciones con la DEA, que tiene presencia en el país desde 1989.
En 2011 hubo un incidente con un avión militar estadounidense, al que el entonces canciller Héctor Timerman ordenó requisar, dejando las relaciones con las agencias de inteligencia norteamericanas en un freezer perenne. Al asumir el gobierno macrista la DEA tenía solo dos agentes especiales en el país, más un agregado de la embajada y un analista informático, con algunos administrativos más. En su mejor momento la DEA había llegado a tener más de seis agentes especiales operando en todo el país. Con el correr de los meses, la DEA tiene hoy relaciones con varias provincias, entre ellas, Salta, La Pampa, Formosa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Jujuy y Buenos Aires.
En el Foro de Davos el gobierno argentino negoció el apoyo político de Estados Unidos. Allí el presidente Mauricio Macri se reunió con el vicepresidente Joe Biden. Por supuesto las autoridades americanas se ofrecieron a dar el apoyo solicitado pero con ciertas condiciones, la principal de las cuales fue la aceptación de la colaboración estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
Esto implicaba la instalación formal de una base de la DEA en el país, en concreto la reapertura de la base en Salta y el retorno a la cantidad original de 6 agentes permanentes en Buenos Aires, porque los encubiertos no son informados a los gobiernos.En la reunión Biden "ofreció la ayuda de su país para avanzar en la lucha contra el narcotráfico en la Argentina", según reveló el propio comunicado de la Casa Rosada. El gobierno de Barack Obama hizo su parte y levantó el veto que había impuesto en los organismos internacionales de crédito a la Argentina, según lo confirmó Jack Lew, secretario del Tesoro, quien afirmó que Estados Unidos dejará de "oponerse a dar préstamos a la Argentina proveniente de bancos de desarrollo multilaterales, a la luz de los progresos y la positiva trayectoria económica del nuevo gobierno".
Con servicios de inteligencia en efervescencia política y fuerzas de seguridad con un deterioro prolongado, el gobierno encontró el mejor terreno para legitimar la adopción de medidas de excepcionalidad que fortalezcan el área de seguridad mediante la alianza con una potencia extranjera.
Las cosas comenzaron a encadenarse rápidamente. En abril se realizó la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas, más conocida como UNGASS 2016. Allí asistieron la canciller Susana Malcorra, la ministra de Seguridad,Patricia Bullrich, algunos funcionarios del área y legisladores oficialistas y opositores. La posición del gobierno fue tan ambivalente como las posturas del conjunto de los gobiernos latinoamericanos, progresistas o no. Se enumeraron una serie de compromisos de derechos humanos, incluso con la incorporación de un enfoque de género, se reconoció el valor de las políticas de reducción del daño, pero solo se anunciaron buenas intenciones. Es un discurso que se contradice con la política interior de derribo de aviones y una mayor asociación con la DEA.
Algo similar sucede en el resto de los países, como el aumento de las medidas punitivas en Ecuador, lo que mereció un reconocimiento oficial de la DEA al ministro del Interior, José Serrano. O el enfoque militarista de la cuestión en Venezuela.
No llama la atención que el cambio de discurso sobre las drogas haya quedado en manos de Enrique Peña Nieto, presidente de un país que atraviesa una severa crisis de Derechos Humanos, después de haber reposado por largo tiempo en Otto Pérez Molina, ahora preso por corrupción en Guatemala. La creencia de que la política descansa en el discurso pagó su mejor precio en UNGASS 2016.
En el mismo mes de abril Michael Tooney, agente de la DEA, ya se paseaba oficialmente por el país. El viernes 22 de abril, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires dio cierre al Congreso de Narcocriminalidad. Allí el agente lanzó una convocatoria abierta a que fiscales, jueces y funcionarios lo convoquen a intervenir a él y la agencia, una tontería que encuentra cada vez mayor eco en el gobierno. Sin tapujos se preguntó en voz alta: ¿cómo puede ayudar la DEA? Dijo que la agencia cuenta con una base de datos internacional, con laboratorios de alta tecnología que permiten identificar la zona de producción de la droga, con presencia en 70 países y contactos fiables en todo el mundo. Más sincero no podría haber sido.
Publicación Original: http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/20024-el-rol-de-la-dea-en-el-narcotrafico-mundial-y-la-politica-argentina-de-brazos-abiertos
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